Política

La Constitución del Japón
La Constitución del Japón entró en vigor el 3 de mayo de 1947. Es notable por su declaración acerca de que la soberanía reside en el pueblo, su afirmación respecto a los derechos humanos fundamentales, y su renunciamiento a la guerra y a las armas. Un documento completamente democrático, que revolucionó el sistema político, que en la Constitución de Meiji (la antecesora de la Constitución actual) se había basado en el principio de que la soberanía residía en el Emperador.

La Constitución del Japón declara que el Emperador debe ser “el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, derivando su posición de la voluntad del pueblo en la cual reside la soberanía”. Todos los actos del Emperador en cuestiones de Estado ahora requieren del consejo y de la aprobación del Gabinete, y el Emperador no tiene “facultades en relación con las tareas de gobierno”.

La Constitución enumera los derechos y deberes del pueblo, tales como la libertad de expresión. Se prohíbe la discriminación “en las relaciones políticas, económicas o sociales debido a la raza, religión, sexo, posición social u origen familiar”. El pueblo tiene el derecho “de vivir en condiciones dignas de salud e instrucción”, y se espera que el Estado promueva el bienestar social y la salud pública. El derecho de propiedad privado es declarado inviolable. El artículo más famoso de la Constitución es el noveno, que establece que el pueblo japonés “renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la Nación y que nunca dispondrá de fuerzas armadas terrestres, marítimas o aéreas”.

Separación de poderes
El sistema político del Japón es el de la democracia constitucional. De acuerdo con el principio de la separación de poderes, las actividades del gobierno nacional se dividen formalmente en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. El Emperador nombra al Primer Ministro y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, designados por la Dieta, con su consejo y aprobación, así como también con el consejo y aprobación del Gabinete realiza actos de Estado, en cuestiones tales como la promulgación de enmiendas a la Constitución, leyes, tratados, convocatorias a la Dieta, disolución de la Cámara de Representantes, entre otros.

La Constitución del Japón proclama un sistema de democracia representativa en el cual la Dieta es el más alto órgano del poder del Estado, por lo cual tiene precedencia por sobre el Poder Ejecutivo. La designación del Primer Ministro, quien encabeza el Poder Ejecutivo, se realiza por resolución de la Dieta. Japón practica un sistema de Gabinete parlamentario por el cual el Primer Ministro designa a la mayoría de los miembros del Gabinete de entre los miembros de la Dieta. De esta manera el Gabinete trabaja en solidaridad con la Dieta y es responsable ante ella. En este respecto, el sistema es similar al del Reino Unido, pero diferente del de Estados Unidos, donde los tres poderes del Estado están teóricamente en un nivel de perfecta igualdad.

La Dieta se divide en dos Cámaras: la Cámara baja, o Cámara de Representantes, y la Cámara alta o Cámara de Consejeros. La Cámara de Representantes puede introducir votos de censura respecto del Gabinete. El Gabinete, por otra parte, puede disolver la Cámara de Representantes. También tiene autoridad para designar al Presidente y a otros jueces de la Cortes Suprema, que son quienes determinan la constitucionalidad de las leyes o de los actos oficiales.



La Dieta, Poder Legislativo
La Dieta es designada por la Constitución como al más alto órgano del poder del Estado. La Dieta está compuesta por miembros elegidos directamente por los ciudadanos de 20 años de edad en adelante. Los partidos políticos, a los cuales pertenecen casi todos los miembros de la Dieta, son la unidad básica de la actividad política. El Primer Ministro es elegido por la Dieta de entre sus miembros. Luego el Primer Ministro forma el Gabinete, el cual controla el poder ejecutivo del gobierno.

Dieta es el único órgano de Estado con atribuciones para aprobar leyes. La Dieta cumple otras funciones importantes como aprobar el presupuesto, ratificar los tratados internacionales y dar inicio a las propuestas de enmienda de la Constitución.

A pesar de que la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros comparten poder, la primera predomina por sobre la segunda en decisiones de legislación, designación del Primer Ministro, asuntos presupuestarios y tratados internacionales. Por ejemplo, si un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes es luego rechazado o modificado por la Cámara de Consejeros, el mismo puede ser aprobado como salió de la Cámara de Representantes, si ésta insiste con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

Para ser electo en la Cámara de Representantes la edad mínima exigible es de 25 años. El número de miembros de la Cámara de Representantes es de 500. De ellos, 300 son elegidos de acuerdo al sistema electoral por distrito, por el cual es elegido un representante por cada distrito. Los otros 200 son elegidos por un sistema de representación proporcional donde los asientos son distribuidos a miembros de los partidos políticos, de acuerdo a la proporción del voto recibido por cada partido en la elección. Los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos por un período de cuatro años, pero este período puede acortarse si la Cámara es disuelta por el Gabinete antes de la terminación del período.

Para ser electo en la Cámara de Consejeros la edad mínima exigible es de 30 años. El número de miembros de la Cámara de Consejeros es de 252. De ellos, 100 son elegidos mediante el sistema de representación proporcional y los restantes 152 de acuerdo a los distritos electorales. Todos los miembros son elegidos por un período de 6 años. La mitad de la Cámara se renueva cada tres años. Los miembros de la Cámara de Consejeros se mantienen en sus cargos independientemente de la disolución de la Cámara de Representantes.

El voto no es obligatorio en Japón. En años recientes, se ha registrado una tendencia declinante en la proporción de ciudadanos japoneses que ejercitan su derecho al voto. En octubre de 1996 sólo el 59,7% de los votantes habilitados votó en la elección para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes.

También está creciendo la cantidad de personas sin afiliación política. Para tratar de incrementar la cantidad de votantes, se ha decidido aumentar el horario de votación en 2 horas más y cerrar los comicios a las 20:00 horas.

El Gabinete, Poder Ejecutivo
El Gabinete, cuya mayoría de miembros proviene de la Dieta, es el órgano supremo decisorio del Poder Ejecutivo. El Primer Ministro, que lidera el Gabinete, tiene poder para designar y destituir a los Ministros de Estado que conforman el Gabinete, y que deben ser, de acuerdo a la Constitución, civiles. El Gabinete tiene bajo su control la coordinación de un número de ministerios y otros órganos administrativos en los cuales delega el ejercicio y control de las tareas del gobierno central del Japón.

Los miembros del Gabinete son los siguientes:
- Primer Ministro
- Ministro de la Administración Pública, del Interior, Correos y Telecomunicaciones
- Ministro de Justicia
- Ministro de Asuntos Exteriores
- Ministro de Finanzas
- Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología
- Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social
- Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca
- Ministro de Economía, Comercio e Industria
- Ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte
- Ministro de Medio Ambiente
- Secretario General del Gabinete (y encargado de Igualdad de Género) (con rango de Ministro de Estado)
- Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública (con rango de Ministro de Estado)
- Director General de la Agencia de Defensa (con rango de Ministro de Estado)
- Encargado de la Política Científica y de Tecnología, Asuntos de Okinawa y de los Territorios del Norte (con rango de Ministro de Estado)
- Encargado de la Política Económica, Financiera y Fiscal (con rango de Ministro de Estado)
- Encargado de la Reforma Administrativa y la Reforma Regulatoria (con rango de Ministro de Estado)
- Encargado de Prevención de Desastres (con rango de Ministro de Estado)

La Corte Suprema, Poder Judicial
El Poder Judicial es completamente independiente de las ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno y está compuesto por una Corte Suprema, que es la máxima autoridad judicial del país. Hay cuatro tipos de tribunales inferiores, ocho tribunales superiores, 50 tribunales de distrito, 50 tribunales familiares y 438 tribunales sumariales.

La Corte Suprema está formada por un Presidente y otros catorce jueces. De acuerdo a la Constitución, el Emperador nombra al Presidente de la Corte Suprema una vez que ha sido designado por el Gabinete, mientras que los catorce jueces restantes son nombrados por el Gabinete. Para ser electo miembro de la Corte Suprema la edad mínima es de cuarenta años. El nombramiento de los jueces está sujeto a confirmación mediante referéndum nacional, que se celebra durante la primera elección general a la Cámara de Representantes que tenga lugar después de su nombramiento; el nombramiento de los jueces es sometido, asimismo, a revisión del pueblo cada diez años. La edad de retiro es a los 70 años.

La Corte Suprema del Japón tiene autoridad explícita para determinar la constitucionalidad de la legislación y de los actos de gobierno. Los jueces que forman parte de los tribunales inferiores son nombrados por el Gabinete de una lista de candidatos que presenta la Corte Suprema. Los jueces de tribunales inferiores son nombrados por un período de diez años, aunque no hay impedimentos para su reelección.

Todos los jueces son independientes en el ejercicio de su función y sólo están sometidos a la Constitución y demás leyes promulgadas. Sólo pueden ser sustituidos si así lo ordena un tribunal de impugnación, constituido por miembros de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Consejeros, o si son declarados judicialmente incompetentes, por razones físicas o mentales, para ejercer sus deberes.

Los juicios deben ser públicos y las sentencias deben dictarse públicamente, a menos que el tribunal decida por unanimidad que la publicidad pueda resultar peligrosa para el orden o la moral públicos. Sin embargo, los juicios por delitos relacionados con la prensa o con los derechos del pueblo garantizados por la Constitución, deben efectuarse siempre en público.